Por: Alberto Mendoza Ramírez.
La delincuencia organizada y el significativo aumento de las actividades desempeñadas, especialmente en México, ha sido un tema relevante en los últimos años, mismos donde la violencia se ha convertido en protagonista en distintas regiones del país. La elaboración de investigaciones académicas y las notas periodísticas han contribuido de manera notable a la vasta bibliografía relacionada con el tema, cuya finalidad es dar a conocer de manera crítica y parcial el contexto por el que atraviesa el territorio mexicano.
Diversos académicos han señalado la importancia que tiene el estudio de la delincuencia en general; enfocando sus esfuerzos en brindar de manera objetiva un análisis del incremento de los grupos delincuenciales y de la violencia que emana de ellos.
Un ejemplo de esto, es el académico y escritor Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad por más de 25 años, quien, en su libro, Vacíos de poder en México, brinda una visión de la situación actual por la que atraviesa el Estado mexicano a causa de la delincuencia organizada. Señala diversos factores que han contribuido de manera importante al desarrollo de este problema, haciendo énfasis en la debilidad del Estado ante diversos grupos de interés, tanto legales como ilegales; sin embargo, su enfoque no sólo ofrece un panorama general de la situación crítica del país, también, está orientado a describir una serie de posibles soluciones para reducir y hacerle frente de manera eficaz a los grupos delincuenciales.
El libro se encuentra dividido en seis importantes apartados dedicados al análisis de la propuesta que busca fortalecer al Estado mexicano frente la delincuencia organizada. A la par, va desarrollando una crítica contundente al gobierno y a la sociedad civil en general, debido a su apatía por formular propuestas certeras que consigan contrarrestar el problema actual.
Por otra parte, el libro cuenta con un prólogo realizado por la reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui. Y un epílogo donde brinda un panorama general de su estudio, enfatizando las medidas que se deben de implementar, las cuales abarcan la participación de todos.
Desde el principio de la obra el autor señala el hilo conductor de su estudio, fija los criterios importantes en los que ahondará en los apartados siguientes. Indica que la debilidad del Estado mexicano es artífice del importante crecimiento de la delincuencia organizada en diferentes partes del país, pues éste no alcanza a cubrir de manera eficaz todo su territorio, por ello se generan los llamados Vacíos de poder, los cuales son utilizados por los grupos de empresarios y delincuentes (principalmente) para el desarrollo de actividades ilícitas.
Hace énfasis en las malas estrategias llevadas a cabo por el gobierno para contrarrestar el problema; de igual manera, menciona la importancia que tiene replantear el concepto de seguridad nacional y sustituirlo por el de seguridad humana, debido a que el primero está orientado en mayor medida a la seguridad del Estado y su andamiaje institucional. En cambio, la seguridad humana está centrada en el cumplimiento de los derechos humanos, mismos que son violados como consecuencia de las acciones y secuelas que dejan las actividades desarrolladas por los grupos que trabajan por encima de la ley, las cuales, afectan totalmente la integridad del ser humano.
En otro punto, el autor establece los principales ejes de su propuesta para que el Estado mexicano se vea fortalecido frente a la delincuencia a nivel institucional y social. Nombra que es importante el diseño y la implementación de cuatro controles para disminuir las actividades delictivas de manera eficaz: controles judiciales; controles patrimoniales; controles de la corrupción; controles sociales. Con esto, se pretende el desarrollo de un Estado fuerte, donde se logre afianzar la seguridad humana. Sostiene e insiste que dichos controles deben aplicarse de manera efectiva sin excepción, abarcando los diferentes actores sociales, políticos, económicos y culturales.
En el primer capítulo el autor comienza su análisis resaltando la importancia de fortalecer el sistema judicial en México, ya que hasta el momento señala la existencia de una falta de compromiso por parte de las autoridades para tratar de reformarlo. La relación que sostienen políticos-empresarios-delincuentes, ha sido un foco de corrupción que aprovecha los grupos criminales, quienes se ven beneficiados de los diferentes acuerdos con la élite política y empresarial. Como consecuencia de esto, existe una descomposición gradual del Estado en materia jurídica, reflejado en una incompetencia al momento de resolver algún caso delictivo donde se vean involucrados actores políticos o afines.
El autor menciona que en países como México donde hay una transición democrática aún presente, es necesario y urgente transformar el aparato judicial que prevaleció durante el viejo gobierno priista, de lo contrario todavía no se puede hablar de democracia. Propone organismos autónomos del Poder Ejecutivo para que se puedan realizar los trabajos de manera efectiva, con esto, se evitará la impunidad imperante en el país. De igual manera, sostiene que es preciso una evolución de los ministerios públicos y reformar a las fuerzas armadas más allá del aspecto armamentista.
En el segundo capítulo el autor se concentra en exponer la importancia de establecer controles patrimoniales en las diferentes averiguaciones realizadas contra la delincuencia organizada. Señala lo trascendental que sería para el Estado mexicano si optara por incorporar esta medida en las investigaciones que involucren actividades ilícitas; de ser así, se observaría un fortalecimiento en la materia, ya que, con esto, sería más fácil conocer las relaciones y los vínculos existentes entre los actores dentro de la escena ilegal.
Para el autor, es muy significativo contar con alguna unidad especializada en la investigación patrimonial, puesto que es la única manera que puede ayudar a conocer a fondo los negocios de los grupos criminales, y por ende, acelerar el desmantelamiento de las diferentes organizaciones. Por otro lado, sostiene que la falta de éxito en la materia, se debe a otras cuestiones como la centralización institucional, la descoordinación de diferentes dependencias, y los acuerdos entre políticos- empresarios, quienes se han visto beneficiados de los ingresos provenientes del sector ilícito.
En el tercer capítulo, el autor se centra en explicar la situación que enfrenta el Estado mexicano ante la corrupción. Señala la opacidad del gobierno para poner en marcha propuestas para reducir esta situación prevaleciente en el país. La gravedad del asunto en materia de corrupción se equipará a otros países de América Central, los cuales tampoco cuentan con medidas eficaces frente a este mal y han ocasionado la propagación del problema. En México, la falta de controles contra la corrupción ha beneficiado en mayor grado a los sectores políticos y empresariales, lo que ha generado una opacidad en la aplicación de leyes y un estancamiento en la vida política del país.
Al mismo tiempo, los niveles tan altos de corrupción en México impiden el desarrollo del ejercicio democrático de forma importante. La corrupción, ocasiona un retroceso en la primitiva democracia mexicana, ya que, juega un papel importante en la asignación y elección de los candidatos, pues, debido a la práctica continua, los aspirantes, muchas veces son elegidos o designados de manera irregular en algún puesto de trabajo, representando los intereses de quienes los pusieron en el cargo, y no precisamente los de la sociedad civil.
Por otro lado, autor recalca un tema relevante en la burocracia mexicana, señala que México cuenta con los salarios más elevados en el mundo dentro del sector burocrático institucional. Además, indica que la estrategia de aumento salarial comenzó a gestarse como una medida contra la corrupción; sin embargo, de unos años para acá (mismos que coinciden con dicho aumento), no se ha tenido ningún tipo de éxito en la materia, y la corrupción ha venido creciendo de forma notoria. Por último, señala la importancia de la participación de la sociedad civil en asuntos ligados al gobierno, papel que desempeñan en su mayoría los partidos políticos, indica que es momento de conferir mayor protagonismo a la población en general, con el objetivo de buscar un equilibrio en las funciones a desempeñar, así como una evaluación de resultados de manera más objetiva.
En el cuarto capítulo el autor señala la importancia de los controles sociales para reducir el problema de la delincuencia organizada. Indica la relevancia de evitar que la sociedad mexicana sea vista como un ejército de reserva ante los grupos delincuenciales; por lo tanto, menciona la necesidad de contrarrestar los factores de riesgo, los cuales incentivan a la población a integrarse a las filas delictivas. Para esto, muestra necesidad de crear una política pública preventiva, donde se requiera la participación de diferentes organizaciones relacionadas con temas como la salud, trabajo, empleo, educación.
Por otro lado, el autor añade que el éxito de una política pública orientada a la prevención va a depender en gran medida de la identificación de los factores de riesgo a los que se enfrentan los jóvenes, quienes son los más vulnerables frente a la delincuencia organizada. Para conocer dichos factores, se requiere la participación activa del Estado en compañía de la sociedad civil, ya que, ésta última, cuenta con un conocimiento amplio de los problemas más recurrentes dentro de su entorno, y en conjunto con las autoridades estatales se pueden focalizar y reducir dichos factores en las zonas más degradadas del país. Como resultado, se mejorará la prevención contra la delincuencia organizada, y las medidas implementadas hasta el momento, dejarán de ser un paliativo en las zonas más alarmantes.
En el quinto capítulo, el autor aborda uno de los temas más relevantes cuando se habla de delincuencia organizada, la cooperación internacional; desarrolla una crítica al Estado mexicano por su incapacidad de establecer acuerdos que abarquen a todos los países involucrados con el tema. La necesidad de establecer un diálogo se debe al poderío que han venido adquiriendo las diferentes redes criminales, las cuales desempeñan actividades bien divididas por todo el mundo, esto significa que el problema atañe a una gran cantidad de países, tanto desarrollados como subdesarrollados.
Otro punto relevante que toca el autor, es la raquítica relación bilateral entre México y Estados Unidos frente al combate a las drogas. Señala que, pese a que los acuerdos en la materia firmados desde varias décadas atrás entre estos dos países han sido innumerables, no se han conseguido avances significativos. Por lo tanto, sugiere que México debe de dejar ese “encapsulamiento” existente con su país vecino, para ello debe mirar de manera global, poniendo atención no sólo en los acuerdos firmados, sino también en los programas de éxito obtenidos en países de Sudamérica.
Un último punto relevante en este capítulo propuesto por el autor, es que a partir de una cooperación internacional se vayan delineando las medidas regulatorias de manera homogénea; ya que, si éstas varían de un territorio a otro, puede beneficiar a los grupos delictivos, quienes aprovecharán la relación costo-beneficio entre los diferentes Estados. Así bien, sin una regulación homogénea entre países, de nada servirá la legalización, pues se continuarán con los negocios ilícitos.
En el último capítulo, el autor expone brevemente la situación actual por la que atraviesa el país a causa de la escasez de propuestas por parte del gobierno que busquen establecer los controles señalados durante el análisis. Esta falta de controles en países como México y otros de Centroamérica ha llevado a un descontrol en el desarrollo de delitos delincuenciales, esto se ha venido reflejando en el aspecto social con la violencia prevaleciente en diversas partes del país, corrupción en los diferentes niveles de gobierno, y violaciones a los derechos humanos, etc.
Finalmente, el autor hace énfasis en que para poder lograr un cambio se requiere focalizar bien el gasto público a cada dependencia de acuerdo con el área. Sostiene que es necesario redirigir el presupuesto asignado y la evaluación de las medidas; sin embargo, para el caso de México aún no hay indicios de algún cambio referente a esto. Pese a que el libro salió en 2013; durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no se llevaron a cabo de manera efectiva la gran mayoría de las propuestas antes señaladas, por lo que las sugerencias siguen más vigentes que nunca para el nuevo sexenio que se aproxima.
Asimismo, para demostrar que lo antes señalado es viable, el autor ejemplifica cada medida con una serie de casos empíricos exitosos efectuados en países con menos recursos que México, lo que asegura la credibilidad total de su estudio. Pone de ejemplo a Brasil, quién es un país con condiciones sociales un poco menos favorables, sin embargo, las medidas y/o programas sociales puestos en marcha desde décadas atrás, han venido transformando las circunstancias de manera aceptable. El académico cierra su estudio señalando la situación incierta de México, hasta el momento, las autoridades no han sabido qué hacer frente a la delincuencia organizada y se han encerrado en su discurso y en estadística chatarra que no se equipara con la realidad actual.
Para terminar este breve análisis, quisiera resaltar que, aunque durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se descuidaron más que nunca los temas relacionados con seguridad y justicia, y la legitimidad del Estado se vio muchas veces rebasada por la delincuencia organizada en diferentes zonas del país; hoy, frente a un nuevo gobierno electo, existe la posibilidad de demostrar que nuestra incipiente democracia sigue respirando, y en conjunto con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es necesario comenzar a participar, proponer y llevar a cabo medidas que busquen reducir las actividades y los estragos que han dejado los grupos criminales en el territorio mexicano.
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