El pasado 19 de agosto, el gobierno venezolano decidió cerrar una parte de la frontera con Colombia debido a un supuesto ataque de “paramilitares colombianos” a oficiales del ejército bolivariano. Dos días después, Nicolás Maduro decretó estado de excepción en ciertos municipios del estado de Táchira, en el que previamente se había cerrado los pasos fronterizos, para perseguir a los “paramilitares”. Desde ese momento hasta ahora se han deportado aproximadamente a cerca de mil colombianos que vivían en territorio venezolano —otras cifran llegan incluso a diez mil, incluyendo a aquellos que se fueron “por su propia voluntad”, es decir, no bajo la forma de la deportación— ¿Qué razones podrían explicar tan radical política?
Por una parte, el gobierno venezolano acusa la infiltración de grupos paramilitares que realizaban actividades como secuestro, extorsión, hurto, entre otras actividades como el contrabando de combustible y de productos básicos (subsidiados por el Estado) a territorio colombiano,[1] lo cual es interpretado por el gobierno de Nicolás Maduro como un intento desestabilizador por parte del país vecino. Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Santos ha condenado las deportaciones comparándolas con medidas del nazismo y ha argumentando que se está violando el derecho internacional, buscando apelar a instancias internacionales para resolver el conflicto fronterizo.[2]
Más allá de las acusaciones de cada lado, la situación de la frontera merece un análisis más profundo. De entrada es necesario señalar que la zona fronteriza —específicamente el estado de Táchira, en Venezuela, y el departamento del Norte de Santander, en Colombia— hace varias décadas se ha convertido en un área en la que efectivamente hay un gran dinamismo migratorio y comercial, una parte importante bajo la informalidad y la ilegalidad.
Esto debido a que se trafican productos básicos subsidiados por el Estado venezolano a territorio colombiano donde se revende de forma muy rentable —el principal producto es la gasolina, que en Colombia es muy cara y en Venezuela es prácticamente regalada. Esta actividad económica, conocida como “contrabando de extracción” soporta en buena medida la economía de la región colombiana, al menos para las clases más pobres.[3] En realidad, esta área fronteriza tiene una economía dependiente (o integrada, según se prefiera) a la venezolana, algo similar a lo que ocurre con la frontera de México con Estados Unidos, aunque en este caso los recursos se transfieren como remesas, no como productos subsidiados por el Estado.
A lo anterior se suma la presencia histórica de grupos guerrilleros y paramilitares en la zona fronteriza, es particularmente importante la presencia de estos últimos. A partir de la supuesta desmovilización en la época de Álvaro Uribe, las bandas paramilitares han diversificado sus actividades económicas y ahora se les designa, eufemísticamente, como “bandas emergentes”. Una hipótesis podría sugerir que son estas organizaciones quienes efectivamente llevan a cabo las operaciones de contrabando en la frontera, aunque sería necesario analizarlo más detenidamente para no caer en la tentación de vincular cualquier organización delictiva con el paramilitarismo colombiano.
Estas dos dinámicas —el contrabando y la presencia “paramilitar”— son de larga data en las relaciones fronterizas venezolanas y colombianas. Lo que catalizó la crisis actual y la medida radical del gobierno de Maduro de deportar a, por lo menos, un millar de colombianos es la crisis económica venezolana agudizada por la devaluación de la moneda china y por la caída mundial del precio del petróleo —particularmente grave para el caso venezolano tan dependiente de sus exportaciones de petróleo. Ante esta situación de emergencia y escasez se optó por la deportación masiva de colombianos y el cierre de las fronteras para que los productos básicos no salieran y fueran suficientes para la población venezolana.
Aparentemente esta medida ha resultado benéfica para Venezuela, ya que la escasez efectivamente ha disminuido; ya no hay esas grandes filas en el estado de Táchira que tanto gustan transmitir los medios. Pero ¿a qué costo? Al costo de expulsar a por lo menos mil colombianos resididos en territorio venezolano por el simple hecho de tener esa nacionalidad. Las deportaciones se han hecho de forma indiscriminada y es evidente que violan cualquier fundamento del derecho internacional y de los derechos humanos.
Así, mientras en el estado de Táchira la crisis ya no es tan aguda y la escasez cesa, el departamento del Norte de Santander, y particularmente su capital Cúcuta, vive una crisis económica y social por la cantidad de deportados, así como por la escasez de productos básicos.[4] Esto es lo que sucede cuando un circuito económico integrado/dependiente, pero separado por divisiones políticas, se corta de tajo. Para entender la magnitud de este hecho podríamos imaginarnos lo que sería que de un día para otro Estados Unidos cerrara sus fronteras con México, impidiera el traslado de remesas y, además, deportara a un millar de mexicanos.
Bastante reprochable para un gobierno que se dice estar del lado de la liberación y de los pueblos de Nuestra América. Y es que no es posible tomar una medida unilateral de esa forma sin detenerse a pensar en el daño que le puede causar a una ciudad entera. El problema fronterizo entre Colombia y Venezuela evidentemente es muy complejo y requeriría de otro tipo de políticas para solucionarlo. Pero en lugar de eso se toman medidas radicales que perjudican a una gran masa de población desprotegida y vulnerable apelando, además, a viejas fórmulas xenófobas contra los colombianos, equiparándolos sin más con paramilitares o contrabandistas. En fin, al final no dejo de pensar que cuando se trata de pragmatismo político no hay mucha diferencia entre un Nicolás Maduro y un Donald Trump.
1 “De acuerdo a estimaciones del Gobierno, más del 40 por ciento de los productos básicos venezolanos y 100 mil barriles de gasolina cruzan la frontera diariamente; debido a este contrabando de extracción, Venezuela pierde 3,6 millones de dólares al año.” http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Escasez-contrabando-y-paramilitares-en-Venezuela-20150827-0816.html
Maduro también plantea el problema de la migración colombiana en sí misma como un factor importante, dice: “Se preguntó cómo un país modesto —así definió a Venezuela—podía recibir, como en 2012, poco más de 188.000 colombianos, o 160.000 en 2013, o 144.000 en lo que va de este año “¿Qué país aguanta esto?”, expresó el presidente Maduro.” http://www.el-nacional.com/politica/Maduro-profunda-reestructuracion-relacion-Colombia_0_694130809.html
2http://www.el-nacional.com/mundo/mundo-Juan_Manuel_Santos-Santos-Colombia-frontera_colombo-venezolana_0_694130803.html
3 Andrés Sánchez Sabba, “Crisis en la frontera”, en Documentos de trabajo sobre economía regional, núm. 197, Banco de la República. Centro de Estudios Económicos Regionales, Cartagena, 2014. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_197.pdf
4 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/30/actualidad/1440944714_460530.html
Alumno de la generación 2012
Temas de interés: medios de comunicación, idelogía, industrias culturales, relación política-cultura, historia contemporánea de Venezuela y Colombia.