Ayotzinapa y la pregunta del año: ¿Cómo conseguir justicia en México?

¿Cuántos alientos se necesitan para que exijamos justicia? Más de 43…

El pasado 26 de septiembre se cumplió un año de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Esta “desaparición forzada” como ha sido categorizada por muchos intelectuales, investigadores y buena parte de la opinión pública, generó una ola de movilizaciones que hasta la fecha, no paran. Y no sólo en nuestro país, sino en diversas partes del mundo. Me parece que nadie de nosotros (ni de ellos) esperaba que lo ocurrido generara tanta inconformidad e indignación. Esto no deja de resultar tranquilizador, pues en medio de una tragedia es reconfortante que los niveles de violencia que hemos vivido, últimamente, en nuestro país no nos dejen fríos e indiferentes ante la injusticia.

Muchos nos hemos preguntado por qué fue justamente Ayotzinapa el detonante de tamañas manifestaciones. Sin embargo, en este momento no me preocupa ese tema -“los caminos de la indignación son misteriosos”, como diría un compañero-; sino una situación que está alrededor. Al menos, en pocos momentos de mi vida, he visto tal cantidad de gente manifestándose en las calles, pero ¿por qué aún no hay justicia y respuestas?

A mi parecer, únicamente, he observado tanta –o incluso más- gente en la marcha convocada por Javier Sicilia en 2011. La llamada “Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad” exigía el fin de la supuesta guerra contra el narco; “supuesta” porque han muerto, desaparecido o desplazado más civiles que narcotraficantes. En dicha movilización, recuerdo que salieron a las calles cientos de miles de personas. Era abrumadora la cantidad de gente que asistió. La marcha inició en Ciudad Universitaria (al sur de la ciudad) a las 9 a.m., y yo entré al Zócalo hasta las 6 de la tarde. ¡9 horas de camino! Y lo más impactante fue que a cada hora, a cada minuto, se sumó más y más gente.

En ese instante no me extrañó que ese movimiento no obtuviera más logros o conquistas. Me parece que fue una demostración mediática de la indignación y lo unidos que estaban diversos sectores de la población en rechazo a la violencia que azotaba -y sigue azotando- al país. Sin embargo, como el propio Sicilia lo declaró en varios momentos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no buscaba hacer una revolución ni un cambio radical y violento de las formas de gobierno, de distribución de riquezas o de la propiedad de los bienes de producción, sino que se garantizara la justicia, la dignidad y la paz de los ciudadanos.

Actualmente, la situación es distinta: no sólo los padres de familia de los normalistas desaparecidos no mantienen un discurso pacifista; sino que además, estos mismos están en la disposición de hacer lo que sea para conseguir justicia: tal como lo hicieron al enfrentarse directamente a los militares en el 27 Batallón de la ciudad de Iguala, Guerrero, hace unos meses. Pese a todo el apoyo y la movilización de tanta gente, la gran duda que nos azota a muchos es la siguiente: ¿por qué no hemos obtenido justicia para los 43 y los cientos de miles más? La pregunta resulta pertinente, sobre todo, si comparamos nuestra situación frente a otros países, en donde las masas han obtenido el cumplimiento de su demanda mediante movilizaciones menos masivas, menos difundidas y menos globales.

La pregunta es necesaria, pero aún más necesaria es su resolución. Una resolución tan grande y amplia como lo es la propia consigna/denuncia: “Fue el Estado”. Si bien, teóricamente podemos hacer muchos tipos de críticas a ese posicionamiento, me parece que en la práctica concreta opera. Y es necesario decirlo con toda la fuerza de nuestra garganta: ¡Fue el Estado! Y en ese “Estado” sabemos que están involucrados todos los niveles de gobierno (desde José Luis Abarca hasta Enrique Peña Nieto) y todos los partidos políticos electoreros (PRI-PAN-PRD e incluso los de reciente emergencia como MORENA). Porque son todos ellos y gente como ellos, los que con sus acciones u omisiones han permitido que prevalezca la muerte en nuestro país.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia, ha demostrado cual es una de las vías seguidas para denunciar y obtener justicia: la vía legal, el apoyo de organismos internacionales para las investigaciones, la ayuda de organizaciones de derechos humanos. Todos ellos independientes del Estado mexicano porque, como dicen los propios padres, “¿cómo esperar que un Estado se castigue a sí mismo por algo que ordenó realizar?” Sin embargo, ni siquiera con la presión internacional, el gobierno de Peña Nieto ha demostrado la más mínima intención de castigar a los verdaderos culpables y responsables de la desaparición de los compañeros normalistas.

Si nuestra convicción es que “Fue el Estado” el que desapareció a los 43, asesinó a los 5 de la Narvarte, asesinó en Tlatlaya, Aguas Blancas, ABC, San Fernando, Atenco, Oaxaca, Chiapas y un terriblemente doloroso y grandísimo etcétera, entonces tenemos que destruir ese Estado y, principalmente, construir un nuevo poder y formas de gobierno que garanticen algo tan básico como es la vida y la seguridad. Sin duda, en la actual situación no se pueden hacer a un lado vías como la legal y la defensa de los derechos humanos; sin embargo es tremendamente difícil que a partir de esto podamos obtener respuestas. Debe ser un medio de difusión, denuncia y demostración de lo podrido del sistema político mexicano, pero no un fin. La única solución posible para detener esta masacre es que destruyamos el sistema actual de cosas y construyamos algo nuevo. Como decía un profesor, parafraseando a Žyžek: “Somos capaces de imaginar el fin del mundo, un apocalipsis zombie o cualquier situación post-apocalíptica; pero no, de imaginar el fin del capitalismo” o el fin del Estado actual, agregaría yo.

Continuando con el robo de frases: “Otro mundo es posible” y seremos nosotros los que lo hagamos realidad. Para ello es necesario mantenernos unidos y no desmayar ni un solo segundo hasta que las cosas cambien y mejoren.

Alumna de la generación 2012

Temas de interés: Lucha de clases, análisis sociales, geopolítica, relaciones internacionales, economía latinoamericana, integración regional.