La desaparición forzada en México a luz de la experiencia argentina

Hay que decirlo con todas sus letras: en nueve años (2006-2015) México ha tenido más desapariciones que cualquier dictadura del cono sur. En Argentina el número de desapariciones durante la dictadura (1976-1983), registrado por el informe Nunca más, es de 8.961,[1] aunque otras voces, como las Madres de la Plaza de Mayo, que afirman que la cifra real ronda los 30.000 desaparecidos. En

Chile, la cifra de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) es de 1.191.[2] La comisión de la verdad en Brasil (1964-1985) reconoce 434 muertos y desaparecidos[3], y la uruguaya (1973-1985) habla oficialmente de 38 desaparecidos, aunque otras organizaciones hablan de 200.[4]

En México la cifra oficial de desaparecidos es de 23.272 según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.[5] Cifra evidentemente conservadora y, posiblemente, manipulada, ya que sólo contempla aquellos casos en los que la desaparición se ha denunciado ante las autoridades y el registro ha sido “depurado” en varias ocasiones reduciendo el número de casos. Otras cifras llegan a manejar cifras cercanas a las 100.000 personas con base en otros tipos de cálculos, aunque esto es difícil de determinar. Pero, incluso, si se tomamos la cifra oficial como verdadera, el número sigue siendo impactante.

Además cabe mencionar que gran parte de estas desapariciones corresponden a desapariciones forzadas, es decir, que hay participación estatal de alguna forma implicada en el acto. En un muestreo proporcional, Human Rights Watch tomó 250 casos de desaparición y demostró que en 140 se podía considerar como desaparición forzada, es decir que de acuerdo con este muestreo en un 56% de las desapariciones el Estado está implicado.[6]

En este sentido, llama la atención que, aunque en México tengamos más desaparecidos, estemos tan alejados de las experiencias del cono sur en lo que respecta a las políticas y mecanismos para obtener justicia y esclarecer las desapariciones. Por ello me parece importante recuperar la experiencia de otros países latinoamericanos que han tenido conflictos de desaparición forzada; particularmente, la experiencia argentina me parece que tiene elementos importantes que podríamos recuperar para el caso nacional.

En Argentina, fueron las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo, quienes desde la dictadura hicieron escuchar sus demandas, visibilizaron a los desaparecidos y presionaron al gobierno para que les diera respuesta. En un primer momento, estas mujeres hicieron presión en la Plaza de Mayo —la más

importante de Argentina— a través de caminatas con pañuelos como símbolo de los pañales de sus hijos desaparecidos; esto con el objetivo de exigir una audiencia con el presidente de la dictadura, Rafael Videla, para la obtención de información del paradero de sus hijos. A partir del mundial

de futbol de 1970, éstas lograron tener proyección internacional y consiguieron el apoyo de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, mientras lograban generar formas de presión exterior hacia la dictadura. Tras la caída de ésta y el inicio de la restauración democrática, las Madres y Abuelas continuaron con su lucha; de esta manera, lograron articular un movimiento nacional e internacional que buscara esclarecer las desapariciones durante la dictadura.

A partir de esa presión se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1983 con el fin de investigar las violaciones de derechos humanos durante el régimen militar, averiguar el paradero de los desaparecidos y emitir un informe conclusivo, que finalmente llevó por nombre Nunca Más. En 1984 se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) destinado a identificar restos a través de pruebas científicas de antropología forense —el mismo equipo que está trabajando aquí en México con los padres de familia de los normalistas desaparecidos. Además, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos en 1987 para facilitar la identificación de los restos de las víctimas y para la búsqueda e identificación de niños desaparecidos durante la dictadura. Por otro lado, se creó en 1992 la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) que se encarga específicamente en buscar niños y niñas desaparecidos durante la dictadura con identidad reconocida.

Si bien no hay recetas para estos casos, me parece que es necesario recuperar la experiencia argentina para tratar el problema nacional de la desaparición forzada. Hemos concentrado nuestros esfuerzos demandándole justicia al Estado, pero no pensamos cómo nos la debe de otorgar, bajo qué mecanismos. Es claro para muchos de nosotros que la justicia no va a llegar de las instituciones corruptas de nuestro sistema judicial. En ese sentido, me parece que la conformación de grupos independientes reconocidos por el Estado con facultades para investigar a fondo los casos de desaparición forzada es una ruta que se debe impulsar. Por

ejemplo, quizás sea preciso pensar en una comisión de la verdad para nuestro país. También la creación de un banco nacional de datos de desaparecidos me parece una necesidad apremiante.

Otra lección importante de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo es la conformación de un movimiento de dimensiones nacionales que conglomere a las familias que han sufrido la pérdida de algún familiar por desaparición forzada. Esto fue algo que en cierta medida intentó el Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, aunque la desafortunada dirección de Javier Sicilia fue un impedimento importante, ya que no se avanzó hacia la conformación de mecanismos de justicia, sino que siempre se apeló a la voluntad de los gobernantes por hacer justicia.

Ahora el centro de la demanda y la exigencia a nivel nacional está concentrada en que se otorgue justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Me parece que no debemos de olvidar que hay otros miles de desaparecidos y que también requieren justicia. Ayotzinapa nos ha despertado del letargo y nos ha mostrado con brutal claridad que hay desapariciones forzadas en México, y que es necesario exigir justicia por nuestros 43 compañeros. Pero, considero que a veces se cree que son sólo 43 desaparecidos en México, cuando no es así, por lo menos son 25 mil. Se debe de aprovechar la indignación sobre Ayotzinapa para visibilizar a los demás desaparecidos y exigir justicia para ellos, para articular las luchas locales a nivel nacional, para dar cobijo y esperanza a otras familias que no saben nada de sus seres queridos, para crear un verdadero movimiento nacional que haga frente a la violencia de Estado.

[1] Informe Nunca Más - Septiembre de 1984 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/nmas1b01.htm

[2] “Chile reconoce a más de 40.000 víctimas de la dictadura de Pinochet” en El País: http://elpais.com/diario/2011/08/20/internacional/1313791208_850215.html

[3] “Comisión reconoce 434 muertos o desaparecidos durante dictadura en Brasil” en El Universo http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/10/nota/4328261/comision-reconoce-434-muertos-o-desaparecidos-durante-dictadura

[4] http://www.holaciudad.com/retomaran-la-busqueda-desaparecidos-la-dictadura-uruguaya-esta-semana-n606159

[5] Homero Campa, “Con Peña Nieto, 13 desaparecidos al día” en Proceso: http://www.proceso.com.mx/?p=395306

[6] “Los Desaparecidos de México El persistente costo de una crisis ignorada” en Human Rights Watch https://www.hrw.org/node/256408

Alumno de la generación 2012

Temas de interés: medios de comunicación, idelogía, industrias culturales, relación política-cultura, historia contemporánea de Venezuela y Colombia.

@Mauriprado93

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