¿Qué implican los golpes de Estado blandos en la región?

La reciente destitución de Dilma Rousseff ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que se viene tratando desde 2002, me refiero a los golpes de Estado “blandos” o “suaves”. A diferencia de los golpes militares tradicionales, los golpes de Estado suaves utilizan métodos no violentos para desestabilizar y derrocar a un gobierno, esto según Gene Sharp, politólogo estadounidense quien se le atribuye el término en 1973.

Esta noción —que no termina de ser concepto— ha sido ampliamente utilizada en la última década en América Latina por los gobiernos progresistas de la región para denunciar las campañas de la oposición, tales han sido los casos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Cristina Fernández de Kirchner, así como Lula da Silva y, recientemente, Dilma Rousseff. En todos los casos se denuncia que el objetivo de los golpes de Estado blandos es derrocar a gobiernos que afectan los intereses de las élites y de gobiernos extranjeros —específicamente de Estados Unidos— y para ello recurren a métodos que no quiebran el marco institucional y que por lo tanto aparentan no romper con el orden democrático. Ahora los golpes de Estado no se ejecutan desde el ejército, sino desde el poder judicial, el legislativo, desde los medios de comunicación y desde el sector empresarial.

Desde mi perspectiva, aunque estas denuncias de los gobiernos progresistas son usadas en ocasiones como herramienta retórica para deslegitimar protestas sociales válidas —Correa y Maduro son quienes más usan este recurso retórico—, me parece que es viable pensar a los golpes de Estado blandos como una fenómeno que está operando. Aunque se busque dar una fachada legal dentro del marco democrático, lo cierto es que los procesos no resisten un análisis minucioso sin demostrar su verdadero carácter golpista.

Parece que las coaliciones golpistas —entendiendo a éstas como la suma de actores sociales con intenciones de derrocar a un gobierno, tales como las élites nacionales, los partidos de oposición, países extranjeros, organismos internacionales, etcétera— ahora se aglomeran en poderes fácticos e institucionales que se mueven dentro de los marcos democráticos y republicanos. Antes el canal de expresión de las intenciones golpistas era el ejército, ya que era el espacio social más apto para derrocar a un gobierno. Sin embargo, ahora parece que esa opción está cancelada y las coaliciones golpistas se agrupan en espacios que no requieren del uso de la violencia directa para derrocar un gobierno, espacios clásicos del juego republicano y democrático, por ejemplo los medios de comunicación (Venezuela, 2002) o el poder judicial y legislativo (Honduras 2008 y Brasil 2016).

Esto tiene una serie de consecuencias políticas y epistemológicas. En términos políticos es difícil distinguir cuándo el juego democrático sigue su propia lógica y cuándo está encubriendo acciones golpistas ¿Cuándo un juicio político tiene un trasfondo legal con el objetivo de hacer justicia y cuándo tiene un trasfondo político con el objetivo de derrocar un gobierno? ¿Cuándo un medio de comunicación está atacando a un gobierno como parte de su función de denunciar e informar a la población y cuándo está haciendo una campaña mediática para derrocar a un gobierno? La línea puede ser muy difusa. El problema político radica en la dificultad de crear un consenso social sobre si una institución pública o privada está actuando de forma “natural” dentro de los márgenes democráticos o si su acción está dirigida por una intencionalidad política. Al dificultar la percepción de un fenómeno político se dificulta también la acción popular.

En términos epistemológicos el problema radica en nuestra concepción de democracia y del

sistema republicano. El esquema clásico liberal de lo que implica un sistema republicano parece entrar (otra vez) en una crisis aguda: cuando se erigió el Estado moderno se plantearon una serie de mecanismos encaminados a evitar la concentración del poder en un solo espacio —de ahí la división entre ejecutivo, legislativo y judicial—, era una forma de crear contrapesos en el ejercicio del poder estatal. Luego llegaron los medios de comunicación y sus apologistas anunciaron que sería el “cuarto poder”, encargado de vigilar el buen funcionamiento de los tres poderes denunciando sus abusos ante la sociedad civil.

Este esquema ideal, defendido a capa y espada como el horizonte utópico al que debían aspirar nuestros países después del llamado tránsito a la democracia, hoy demuestra más que nunca su inoperancia. Cada una de esos espacios, tradicionalmente concebidos como pilares de una democracia, hoy nos muestran con toda claridad que operan como plataformas desde donde se juegan el poder los diferentes actores. En este sentido, que la oposición a los gobiernos progresistas haya podido conglomerarse en espacios institucionales debe entenderse como una clara pérdida de hegemonía de los éstos últimos.Y no nos engañemos, los espacios institucionales y fácticos siempre han sido espacios desde donde se juegan los intereses políticos, rara vez operan de acuerdo a la teoría liberal. Sin embargo, hasta hace poco no habían cumplido la función de “renunciar” presidentes.

Hay que cuestionarnos profundamente la naturaleza de estos cambios y sus consecuencias en los sistemas estatales de nuestros países. Específicamente creo que es urgente preguntarnos por los límites de ciertos espacios institucionales, por ejemplo el poder judicial o los medios de comunicación: ¿Pueden unos jueces, basándose en la interpretación de la ley, sobreponerse a la voluntad popular que ha elegido a un gobernante? ¿Pueden los medios de comunicación decir cualquier cosa amparados en la libertad de expresión? ¿O por el contrario debe haber límites a estas dos instituciones? Y de ser así el caso ¿Cómo trazar esos límites? ¿Con qué criterios? ¿Cómo no caer en el otro extremo del autoritarismo presidencial?

Alumno de la generación 2012, Colegio de Estudios Latinoamericanos

Temas de interés: medios de comunicación, idelogía, industrias culturales, relación política-cultura, historia contemporánea de Venezuela y Colombia.

@Mauriprado93

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