El ritmo de la política nacional se ha visto revolucionado por la aparente emergencia de un problema educativo del cual falta aún mucho por entender. Escribo “aparente” de forma intencional porque si ponemos atención al desarrollo del proceso actual y miramos en retrospectiva, nos daremos cuenta de que la integridad de la educación pública en nuestro país, ha estado en el centro de las disputas políticas más importantes desde hace muchos años.
A todo ello, convendría hacerse una pregunta: ¿Por qué la problemática educativa ha abarcado tantos sectores de la sociedad y agentes políticos de las más diversas afiliaciones partidarias y partidistas? Estudios en sociología de la educación, nos dirían que el campo educativo es importante en la medida en que configura las distintas maneras de socialización de quienes pasan por su espacio material, el aula. Esa socialización genera prácticas sociales cotidianas que constituyen el núcleo de producción y re-producción social. En ese sentido, la educación formal es considerada un importante espacio de disputa que representa la puerta de entrada a la construcción de un orden social y político sostenido por valores, prácticas y fines específicos.
La educación es un punto central en el proceso de constitución hegemónica de determinado grupo, categoría o clase social, y en ello reside el interés que a lo largo de la historia nacional ciertos grupos han mostrado. Estos grupos han definido su postura política en materia educativa a partir de su relación con el Estado y sus distintos aparatos.
Durante el siglo XIX, fue la Iglesia Católica quien, con el intento de mantener el privilegio de educar a la sociedad mexicana, se opuso al ideario liberal del laicismo en la educación. La misma Iglesia encontraría periodos de gran activismo durante la primera mitad del siglo XX, pero ya sin mucho éxito, debido al fantasma que para ella representaba, representa –y representará- la revolución, el cardenismo, la educación socialista y la constitución de un magisterio popular, tanto por pertenencia estructural como por adscripción.
El Estado se consolidó como el Rector educativo durante la mayor parte del siglo XX, diseñando contenidos curriculares, controlando al sindicato magisterial oficial y haciendo frente a los episodios de disidencia. Los intereses particulares de ciertos sectores de la sociedad parecían ya no ser decisivos en el proceso de elaboración de política educativa, la cual tenía un carácter nacional y “progresista”.
Hacia finales del siglo pasado, este escenario cambió de forma importante. El neoliberalismo permitió que determinados grupos empresariales, los cuales habían crecido al amparo del Estado durante décadas, se independizaran paulatinamente, y con ello, generaran posturas corporativas y propuestas autónomas en una variedad de temas sociales, incluido en ellos la educación. La actual intervención empresarial en materia educativa, es un acontecimiento inédito en nuestro país, y se desprende directamente de una permisividad política del gobierno que se convirtió en incidencia institucional directa, herencias ambas del Salinismo.
La intervención empresarial actual en el debate educativo se ha presentado en, cuando menos, tres niveles: la crítica al modelo educativo anterior, el cual, pese a los cambios en los últimos años, mantenía una importante esencia pos-revolucionaria; la crítica a los trabajadores de la educación, especialmente al magisterio disidente –a quienes culpan directamente de la “tragedia silenciosa” de la educación nacional-, aglutinado en las distintas secciones que conforman la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación); y la publicación de una serie de “propuestas educativas” adecuadas –según ellos– a las exigencias del mundo contemporáneo y a las necesidades de nuestra población. Lo anterior ha generado un enfrentamiento directo entre empresarios y trabajadores de la educación –tanto del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) como de la CNTE– en el cual distintos sectores sociales se han decantado por un lado u otro del conflicto.
El golpe político que la Reforma Educativa ha representado para el magisterio organizado, es ad hoc a la intentona empresarial de construir un proyecto hegemónico a partir del cual la escuela promueva valores asociados a la meritocracia liberal e individualista promulgada con orgullo por las “pedagogías” empresariales. No obstante la persecución, los encarcelamientos y la campaña de desprestigio en su contra, el movimiento magisterial ha avanzado en su pugna por una educación pública integral, y por la conservación de sus derechos históricamente logrados.
El gran capital nacional nunca ha estado tan cerca de ser el verdadero Rector en la educación, así como el magisterio disidente no había tenido la oportunidad de crecer y fortalecerse como el día de hoy. La disputa contemporánea es una lucha por ese ese cuerpo completo de prácticas y expectativas llamado hegemonía –a propósito de Raymond Williams–. Quien avance con mayor firmeza, logrando aglutinar en torno suyo la mayor cantidad de apoyo posible, será en gran medida responsable del porvenir de nuestro país.
Estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, FCPyS-UNAM
Líneas de investigación: Teoría Política Contemporánea, Empresarios y educación en México, Historia económica de América Latina.
Correo electrónico: jarquinmauro@gmail.com
Cuenta de Twitter: @MaurroJarquin