“.. el derecho dei más fuerte es tambíén un derecho, y este derecho dei más fuerte se perpetüa bajo otra forma también en su "estado de derecho"
-Marx en “Introducción general a la crítica de la economía política”
Hay una consigna que, durante mucho tiempo, ha persistido en los grupos políticos y económicos más poderosos de nuestro país, y aunque su aparición en medios de comunicación sea eventual, la irregularidad con la que se grita a los cuatro vientos no reduce su contundencia. Nos referimos a la exigencia político-empresarial de mantener y fortalecer el Estado de Derecho. El cual, por cierto, se ha extendido a otros grupos de la sociedad. Y posiblemente el ejercicio de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo, sea el periodo en que ésta consigna se ha tornado más evidente.
El paquete de reformas, anunciado al inicio de la actual gestión presidencial, así como su aplicación y efectos, ha despertado muchas inconformidades políticas, sobre todo al interior de las clases trabajadoras y los distintos grupos sociales marginados. El malestar político de la sociedad se ha expresado con movilizaciones y protestas sociales de distinta índole. No obstante, el punto más álgido de este proceso ha sido la disputa generada entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno Federal, éste último con el apoyo de la Conferancia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a propósito de la promulgación y ejecución de la llamada Reforma Educativa.
La construcción del nuevo proyecto educativo nacional, así como las formas de evaluación y restructuración burocrática, –sin contar la naturaleza punitiva de la evaluación y la política hostil del Gobierno con respecto a la Coordinadora y también hacia las diferentes voces de inconformidad y disidencia al interior del sindicato magisterial oficial (SNTE)– no fueron producto de una consulta generalizada entre todos los agentes involucrados en el proceso educativo.
La disputa generó la organización de dos frentes, por un lado, profesores inconformes apoyados por padres de familia y organizaciones sociales; y por otro, altos burócratas de la SEP apoyados por los líderes nacionales del SNTE, y por los empresarios más poderosos del país. A pesar de la instauración de supuestas mesas de negociación, la propia dinámica política concretó la imposibilidad de entablar un diálogo efectivo que diera una salida consensuada a la problemática.
La CNTE acudió a sus tradicionales métodos de lucha, organizando marchas, plantones, mítines, toma de espacios públicos y de edificios oficiales. La acción más fuerte de la Coordinadora sería sin duda la toma de carreteras, principalmente en el Estado de Oaxaca, y con ello, la afectación directa a los principales empresarios de la entidad, para quienes el comercio y el turismo son sus más importantes fuentes de ganancia.
A la luz de lo ocurrido, desde el mes de junio, cuando menos, distintas organizaciones empresariales y partidos políticos han insistido –tanto en comunicados oficiales como en entrevistas y contenidos mediáticos propiamente– en la urgencia de instaurar el Estado de Derecho en aquellas entidades en las cuales las acciones políticas de la Coordinadora han “afectado la vida normal de la sociedad”, y por supuesto, la seguridad en los negocios.
Los medios de comunicación comerciales han reproducido hasta el cansancio dicho discurso, y sus efectos ya pueden percibirse en la población. Una cantidad significativa de personas, que no comparten necesariamente los intereses objetivos de los grupos políticos dominantes, han hecho suya la exigencia de imponer el Estado de Derecho, presentado como la situación más deseable para el conjunto de la sociedad.
Ahora bien, es importante recordar que la noción de Estado de Derecho tuvo su
desarrollo sistemático en la doctrina jurídico-política alemana, a partir de las reflexiones llevadas a cabo por Roberth von Mohl. Sin embargo, sus orígenes pueden ser remontados a los primeros desarrollos de la teoría política liberal. Básicamente, la noción de Estado de Derecho se refiere a un Estado cuyo eje práctico consiste en seguir el marco legal propio de su acción, herencia directa de la modernidad y el liberalismo decimonónico. Empero, la lógica jurídica que impregna la forma estatal no es del todo clara.
Recordemos que la noción de Estado de Derecho ha sido una especie de mantram político en América Latina, como un significante flotante ad hoc a los requerimientos de las fuerzas conservadoras, que se lo han apropiado para intentar frenar los avances políticos de las luchas sociales, en distintos niveles de acción y en diversas circunstancias. Desde el golpe de Estado a Allende en 1973; hasta la incursión violenta de las fuerzas federales a Atenco o a Oaxaca, hace algunos años.
El abanico de problemas relacionados a la legalidad del Estado de Derecho no se circunscribe únicamente al debate legalidad-legitimidad, que ya de por sí complejo. Sino también, se amplía a la esfera de los agentes políticos, los procesos sociales y las relaciones que se establecen entre estos a partir de determinada formación jurídica. Muy atinado es Hinkelammert al afirmar que, respecto al Estado de Derecho, existe un prejuicio muy bonito y frecuente al creer que éste tiene como esencia la protección de los derechos humanos –y las garantías ciudadanas en su conjunto–.
En nuestra circunstancia, el Estado de Derecho es de manera frecuente en su práctica, el Estado que defiende el Derecho del más fuerte, y el rumbo que han tomado las luchas populares en educación, por el territorio, por la autodeterminación, etc., es una muestra fehaciente de ello.
Estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, FCPyS-UNAM
Líneas de investigación: Teoría Política Contemporánea, Empresarios y educación en México, Historia económica de América Latina.
Correo electrónico: jarquinmauro@gmail.com
Cuenta de Twitter: @MaurroJarquin