Cuando Jimmy Morales fue electo presidente de Guatemala, en la segunda ronda de las elecciones generales realizada en septiembre de 2015, los aparatos del sistema político en ese país y más allá de sus fronteras aplaudieron con entusiasmo. Era otra señal de que la democracia se afianzaba en Centroamérica. La paz firmada en el 1996 daba frutos, se consolidaba el proceso llamado de “democratización”. También se destacó que Morales no contaba con una larga trayectoria como político tradicional. Se trataba de un profesional de la comunicación masiva, específicamente del entretenimiento. Su programa cómico televisivo, “Moralejas”, se había mantenido por más de una década. Es decir, previo a las elecciones, el nuevo mandatario se ganaba la vida dignamente como payaso, y tenía buenas credenciales como empresario exitoso. En términos generales era un outsider de la política, bastante polarizada y muy desprestigiada en el país centroamericano. Morales haría algo nuevo. Para comenzar, estaba demostrando que la hora de los outsiders del sistema político tradicional había llegado ya a Centroamérica.
Por su parte, intelectuales ubicados a la izquierda del espectro político, antiguos integrantes de los grupos guerrilleros que quisieron cambiar el sistema con las armas, y varios activistas de los movimientos y sectores populares progresistas, apenas pudieron contener su frustración. Para ellos, Morales no era más que otra ficha del sistema, un nuevo cómplice de las élites que continúan detentando el poder y oponiéndose a toda transformación social que beneficie a las mayorías excluidas, por mínima que ésta sea. Una ficha muy bien edulcorada, pero a fin de cuentas al servicio del sistema. No obstante, se le otorgó el beneficio de la duda.
Ahora, no han pasado ni siquiera dos años de que asumió la presidencia y Morales está en el centro del huracán. Su permanencia en la primera magistratura del país podría llegar pronto a su fin, tal como ocurrió con el ex general Otto Pérez Molina. Y como el ex militar presidente, por su posible involucramiento en hechos ilícitos. Más claro: por su conocimiento (y muy probablemente por el involucramiento) del financiamiento irregular en que habría incurrido el partido que lo llevó al gobierno.
La situación tomó ribetes de crisis cuando el mandatario declaró non grato y ordenó la expulsión de Iván Velázquez, jurista colombiano que encabeza la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2007 tras un acuerdo firmado entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas. La CICIG apoyaría a las instituciones guatemaltecas encargadas de investigar los delitos cometidos por agentes del Estado y por grupos irregulares contra la población guatemalteca. También contribuiría al fortalecimiento de la institucionalidad del Estado guatemalteco. Como parte de ello, la CICIG ha tenido destacada participación en llevar a la justicia a los responsables de hechos de corrupción, lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado vinculado al narcotráfico. El caso más relevante fue el que llevó a la destitución y posterior encarcelamiento del ya mencionado ex general Molina. De esta manera, el prestigio de la Comisión y de Velázquez se fue ganando las simpatías de los más diversos sectores de la sociedad guatemalteca.
El conflicto de Morales con la CICIG y Velázquez comenzó cuando una investigación que realizó la Comisión llevó al procesamiento judicial de un hermano y del hijo mayor del presidente, acusados de fraude al Estado, caso que también podría alcanzar al mandatario. A partir de entonces, fue evidente la hostilidad de Morales hacia la CICIG y, particularmente, contra el jurista colombiano. Grupos de derecha, como la Fundación contra el Terrorismo, que aglutina a ex militares, sus familiares, otros personajes –de quienes se dice fueron cercanos a los organismos responsables de la represión durante los años del conflicto interno– y medios de comunicación afines, iniciaron una campaña para desprestigiar a la Comisión y a Velázquez.
A lo anterior se sumó otra investigación realizada por el Ministerio Público (Fiscalía), con el respaldo de la CICIG, que sacó a luz el financiamiento ilícito para gastos de campaña de varios partidos políticos, entre los que se encontraba el Frente de Convergencia Nacional, del que Morales fue el candidato presidencial y ganó la presidencia. Según algunos medios, el presidente también habría recibido y usado en su campaña electoral fondos provenientes de sobornos o comisiones ilegales exigidas a empresarios de la construcción, lo cual obviamente no fue reportado a la máxima autoridad electoral guatemalteca, violando doblemente la ley. A esas irregularidades se añadieron las declaraciones de Marlon Monroy, personaje vinculado al narcotráfico y conocido como “El Fantasma”, quien aseguró haber aportado 400 mil dólares para la campaña del payaso candidato.
Ante las evidencias y como parte del proceso investigativo, el Ministerio Público y la CICIG solicitaron que se retirara la inmunidad (antejuicio) que goza Morales en virtud del alto cargo que ostenta. Este hecho no le hizo ninguna gracia al cómico mandatario, quien el fin de semana pasado muy serio declaró ante las cámaras: “… por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez… y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”. Con ello desató una tormenta política de la que aún es difícil predecir las consecuencias.
La arbitraria medida presidencial generó numerosas manifestaciones a respaldo a Velázquez y para exigir la renuncia del mandatario. En el otro extremo, los alcaldes municipales se reunieron para expresar su respaldo al gobernante. Entre los munícipes destacó el ex vicepresidente Álvaro Arzú, actual alcalde de la capital guatemalteca, quien llegó al extremo de amenazar con “hacer la guerra” a quienes están a favor de las investigaciones que realiza la CICIG y por el enjuiciamiento a Morales. Algunos munícipes y medios afines al mandatario insinuaron que la investigación de la CICIG y el probable juicio contra Morales encubriría “un golpe de Estado”.
Paralelo al respaldo popular obtenido por la CICIG y su principal comisionado, y el repudio que se ha ganado Morales, la Corte de Constitucionalidad (Tribunal Constitucional) otorgó amparo a Velázquez y anuló la orden presidencial de expulsarlo del país; y la Corte Suprema de Justicia recibió la solicitud para retirar la inmunidad al presidente.
Así, en tanto la Corte Suprema tome una decisión favorable, o no, a Morales, pueden extraerse tres moralejas de la situación política en Guatemala: 1) que cuando los sectores de la oligarquía, la derecha y sus medios afines se entusiasman por un candidato fuera del sistema, lo más probable es que éste sea el as bajo la manga de esos sectores o termine plegándose a ellos. 2) Considerando las declaraciones del ex presidente Arzú, que no fueron simple retórica, no puede olvidarse la verdadera naturaleza de los sectores oligárquicos latinoamericanos. Recurrirán a las amenazas o a la violencia cuando vean que la justicia pone límites a su poder y a sus privilegios. 3) Que la lucha contra la corrupción no es más que un discurso vacío para los sectores oligárquicos y empresariales. Así lo demuestra el silencio de los empresarios ante el atropello contra Velázquez que intentó el presidente guatemalteco.
Cuando Morales asumió la primera magistratura de su país, declaro: “Los he hecho reír. Prometo que no los haré llorar”. Quizás esa promesa sí ha cumplido: No ha hecho llorar a los guatemaltecos, pero a buena parte de ellos les ha provocado indignación y repudio.
